GUILLERMO NUNEZ ABOGADOS ASESORES FISCALES
 

Adolfo Suárez (1932 - 2014) rodeado de simpatizantes en un congreso de la UCD en Málaga (1980).

ADOLFO SUÁREZ Y LA REFORMA FISCAL

Publicado en Diario de Avisos el 30/03/2014.

    Sí, otra vez Suárez y la reiterada memoria laudatoria de su actuación política. ¿Por qué no? ¿Acaso no fue un excelente líder político que supo enfrentarse contra fuerzas colosales en un momento histórico trascendental de la historia de España? La mayoría de los españoles que vivimos la transición de la Dictadura a la Democracia, le estaremos eternamente agradecidos por cuatro valores fundamentales que confluían en su persona: valentía, dignidad, espíritu de servicio público y honradez cabal. Como dice con toda razón una persona a la que quiero, y que no suele equivocarse a la hora de caracterizar a otros congéneres, Suárez, que provenía ideológicamente de Falange, era un auténtico demócrata, y será este el factor que determinará en buena medida la actuación de la persona y del personaje público que fue, en una coyunta política muy complicada marcada por la necesidad vital de superar por fin la división entre las dos Españas que nos legó el franquismo. Como él mismo se encargó de enfatizar, siguiendo al poeta, en uno de sus primeros discursos en las Cortes Generales, “Está el hoy abierto al mañana / mañana al infinito / Hombres de España: / Ni el pasado ha muerto / Ni está el mañana ni el ayer escrito” (D. Antonio Machado).

 

    Con colaboraciones decisivas como la del entonces ministro de Hacienda Francisco Fernández Ordóñez, la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, se conformó como el primer paso de la que a mi juicio ha sido la más importante reforma del sistema tributario español en toda su historia. Se introdujo en nuestro sistema el Impuesto sobre el Patrimonio, se tipifico el delito fiscal y se eliminó el secreto bancario, aprobándose en 1978 por las Cortes constituyentes la ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades. Un partido reformista (revolucionario, en mi opinión, por los resultados alcanzados), la Unión de Centro Democrático (UCD), cambió radicalmente de un plumazo las líneas fundamentales de lo que hasta ese momento no era sino la caricatura, desfasada, arcaica y manifiestamente injusta, del sistema tributario español.

 

    Significativamente, un Gobierno presidido por Adolfo Suárez, calificado como de “derechas”, emprendía de manera decidida y valiente una reforma de la fiscalidad que ponía en entredicho los intereses de determinados grupos sociales poco o nada acostumbrados a contribuir con su esfuerzo fiscal al sostenimiento de los gastos públicos. En el programa electoral de la UCD para las elecciones celebradas en 1977, se señalaba que entre las políticas de saneamiento que la crisis económica española exigía, resultaba indispensable acometer una reforma fiscal que resultaba “vital para el éxito del programa de saneamiento, ya que sólo ella dará credibilidad al objetivo de repartir equitativamente la carga de la estabilización y aportará al mismo tiempo los recursos necesarios para reducir el déficit del sector público”. Como en su momento señalara otro de los artífices de la reforma (A. Santillana), la Ley de Medidas Urgentes de 1977 “nace con el convencimiento de que debe cambiarse radicalmente la actitud del contribuyente español, que hasta ahora incluso presumía de defraudador, para transformarlo en contribuyente responsable, para quien el pago del impuesto constituya un honor y un origen de derechos que le permitan exigir al Estado las cuentas que justifiquen el buen uso del dinero que aporta”.

 

    Como contribuyente, tuve el honor de venir obligado a presentar mi declaración por IRPF en el año 1979 (correspondiente al ejercicio de 1978). Era mi contribución consciente y decidida, a través de un impuesto personal justo y redistributivo, de participar con mi esfuerzo económico al sostenimiento de los gastos públicos. Entonces no voté a la UCD, pero hoy me encantaría hacerlo si la formación política que pidiera mi voto como ciudadano me ofreciera un programa de actuación política como el que en su momento presentó Adolfo Suárez (“Puedo prometer, y prometo…”). El paso de los años, y las sucesivas declaraciones por IRPF presentadas, he de reconocer que han incidido en mi ánimo y alegría inicial como ciudadano, pero entiéndase bien, lo han hecho en términos negativos. El proceso ha sido de progresivo descreimiento y consiguiente rabia, esto es, a la inversa de lo que ha sucedido con el inicial carácter progresivo del propio IRPF, que cada año que pasa es más regresivo y atentatorio de los principios de justicia a los debería responder según establece de manera expresa nuestra Constitución.

 

    Suárez tuvo en contra no sólo a los militares, empeñados en continuar siendo guardianes de esencias fijadas por ellos mismos y ajenas por completo al auténtico sentimiento patrio de la mayoría de los españoles, sino también, a un sector de la jerarquía eclesiástica, a la banca, a un sector de su propio partido y a una alternativa de poder (PSOE) que no podía soportar por más tiempo que un supuesto “tahúr del Mississippi” continuara ocupando la Presidencia del Gobierno. Como cualquier otro personaje con responsabilidades públicas, su actuación tiene aspectos positivos y negativos, pero en mi opinión tuvo uno que destaca sobre todos ellos: su firme convicción democrática de que los políticos están para abordar los cambios necesarios que la sociedad demanda, de ahí su empeño permanente por el consenso y el acuerdo a la hora de acometer tales cambios.

 

    Cuando hoy conocemos las líneas fundamentales que proponen los expertos para una reforma de nuestro sistema fiscal, los que conocimos y vivimos la reforma de Suárez no tenemos más remedio que volver nuestra mirada atrás para comparar y comprobar que la propuesta actual poco o nada tiene que ver con aquélla, y no porque ello sea una consecuencia obligada del paso del tiempo, sino porque en realidad la referida alternativa no es sino la puesta en cuestión sin ningún tipo de miramientos de los presupuestos legitimadores que estableció la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal de 1977.

 

 

Guillermo Núñez Pérez

 

 

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