CATALUÑA: TOUR DE FORCE

Miércoles, 16 de enero de 2019.

               Alejémonos de los antecedentes y procuremos centrarnos en la actualidad, es decir, tratemos de huir de una realidad pretérita que resultaría imprescindible en términos de un debate racional sobre el llamado por los independentistas “conflicto catalán”,  y  esforcémonos por situar la cuestión en el plano coyuntural en el que ahora mismo se halla enclavada la cuestión de la negociación política entre el Gobierno de la Nación y las fuerzas políticas independentistas que continúan defendiendo y actuando diariamente a favor del derecho a la secesión de Cataluña del resto del territorio español.

            En primer lugar, en términos jurídicos no está previsto en nuestra Constitución que las autoridades políticas de una Comunidad Autónoma puedan plantear ningún tipo de negociación con el Gobierno de la Nación dirigida a lograr la separación o independencia de una parte del territorio nacional, “patria común e indivisible de todos los españoles” (art. 2 CE). El reconocimiento por este mismo artículo del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones tiene un significado muy preciso que a lo largo de los años ha sido delimitado por el máximo intérprete de la Constitución, y que en ningún caso supone el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Por eso, resulta falaz el argumento empleado por algunos en el sentido de criticar aquellas posiciones que entienden que la cuestión catalana es de naturaleza esencialmente política, y que por tanto resulta contraproducente “judicializar la política”. En realidad, la intervención judicial en este caso no se conforma como una renuncia a las vías políticas, sino más exactamente, como garantía de que la actuación política no contravenga lo dispuesto por la ley y, en particular, lo dispuesto por la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Ningún Gobierno, ni ninguna autoridad política está por encima de la Constitución, lo que conlleva a afirmar que sería claramente inconstitucional e ilegítimo que pudiera formularse una negociación dirigida a enmendar el mandato de la Constitución al margen de los procedimientos de reforma previa de la misma. A lo anterior se le considera como fundamento básico de lo que significa convivir en un Estado de Derecho, y al que viola la ley, no le quedará más remedio que atenerse a las consecuencias, que como resulta además obvio, siempre serán producto de un enjuiciamiento rodeado de las máxima garantías que proporciona y dispone la ley democráticamente aprobada.

           En segundo lugar, vedada la vía de una negociación que dejara al margen lo previsto por la Constitución, el hipotético ámbito de una negociación política con los partidos independentistas sólo podría versar sobre cuestiones que afectaran al marco autonómico actual del que disfruta Cataluña. Parece que este podría ser el objetivo perseguido por el Gobierno de la Nación en cuanto al punto de partida de una posible negociación con los partidos independentistas catalanes. Sin embargo, no parece que este planteamiento sea aceptado por la otra parte, entre otras razones, porque una posible reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña ha de contar con la posibilidad de que dicha reforma fuere enjuiciada por el Tribunal Constitucional en cuanto a su adecuación a la Constitución, tal y como así ocurrió con la reforma del año 2010 auspiciada en sus orígenes por el PSC (Pascual Maragall) y que fue objeto de recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP, declarando el Tribunal Constitucional que determinados aspectos del Estatuto eran claramente inconstitucionales. Y todo ello a pesar, según los proponentes de la reforma, de que el texto del Estatuto había sido aprobado por referendum por los catalanes, poniéndose de esta forma de manifiesto que tampoco los resultados de una consulta popular pueden ser aceptados si los mismos resultan ser contrarios a la Constitución. Además, lo esencial de este proceso frustrado si el mismo volviera a repetirse, es que también en términos políticos sería inasumible un trato diferenciado –es decir, privilegiado– de Cataluña respecto al resto de España. Para eso ya tenemos, garantizados desgraciadamente por la Constitución, los regímenes forales del País Vasco y Navarra, Comunidades que además cuentan con fuerzas políticas que propugnan también la independencia de dichos territorios.

         En tercer lugar, el problema catalán está hoy encallado y agravado por la existencia de un Gobierno de la Nación que para poder llevar a cabo su labor ordinaria de gobierno (v.gr., aprobación de los Presupuestos) precisa del apoyo de los votos de los partidos independentistas presentes en el Congreso de los Diputados. ¿Puede un Gobierno en estas condiciones negociar en pie de igualdad con el independentismo catalán? Por supuesto que sí lo puede hacer y de hecho es lo que nos tememos que está haciendo. Y aquí creemos radica uno de los principales errores del Gobierno, pues la negociación no puede en caso alguno configurarse en un plano de igualdad, sino de poder, que no es otro que el conferido por la Constitución en su artículo 2 antes citado. Como español, me preocupa sobremanera que mi Gobierno olvide u obvie no sólo los intereses de los españoles que hoy viven en Cataluña, sino también, de aquellos otros que estamos repartidos por el resto de la geografía nacional. Uno de los significados de la expresión francesa tour de force es la demostración de fuerza, poder o destreza. Y esto, creo yo, es lo que en la actualidad le falta a nuestro Gobierno y le sobra de manera indubitada a las fuerzas políticas independentistas.

 

Guillermo Núñez Pérez

 

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