GUILLERMO NUNEZ ABOGADOS ASESORES FISCALES
 

¿EL ENFANT TERRIBLE DEL REFC?

Sábado 24 de enero de 2015.

     Sí, como “enfant terrible” me calificaba un amigo que sigue con regularidad mis opiniones sobre el REFC publicadas en la prensa; y, la verdad es que la calificación no me disgusta, pues la misma denota cierto nivel de heterodoxia por mi parte a la hora de no aceptar como verdad revelada la opinión dominante en las islas con relación al denominado régimen económico y fiscal de Canarias y, en particular, con relación a los incentivos fiscales que están previstos en el mismo en el ámbito de la imposición directa a favor de los titulares de actividades económicas. Es sabido que la heterodoxia o la opinión crítica siempre es molesta por sí misma para alguien, máxime, si ésta se manifiesta frente a unas medidas tributarias que benefician a unos pocos frente a la mayoría. En las sociedades democráticas, es siempre fácil criticar la existencia y aplicación de los impuestos por sistema, pues resulta evidente que los mismos son deberes establecidos por la ley para el sostenimiento de los gastos públicos, y bien sabido es que ningún deber en general y tributario en particular, es de fácil aceptación por los obligados a cumplirlo. La cuestión se torna más tortuosa cuando de lo que se trata es de cuestionar que un determinado sector de la población pague menos impuestos que otros. Desde el poder político, habrá que desplegar un esfuerzo máximo a fin de justificar este tipo de situaciones objetivamente discriminatorias, pues de lo contrario, lo que acontecerá es una deslegitimación del sistema en su conjunto sobre la base de un trato fiscal desigual no amparado constitucionalmente.

 

    Por supuesto que nuestra Constitución prevé y permite que el Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales puedan reconocer y aplicar, dentro del marco fijado por la Ley, beneficios fiscales a favor de los contribuyentes. En particular, tales beneficios pueden tener justificación como instrumentos idóneos de política económica, es decir, fundamentados no tanto en razones de justicia en sentido estricto, sino como medios dirigidos a facilitar determinados comportamientos económicos que se supone redundarán no solo en una ventaja fiscal inmediata para el beneficiario, sino también para la sociedad en su conjunto. Por poner un ejemplo elemental: en general, la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) es un poderoso incentivo fiscal que se diseña por el legislador en sus orígenes con la finalidad de favorecer la autofinanciación empresarial dirigida a realizar inversiones productivas en Canarias. En principio, el incentivo beneficia muchísimo en términos de ahorro impositivo al contribuyente que opta por dotar la RIC, pero se supone que ello está justificado sobre la base de que al materializarse la dotación de la reserva ello redundará en beneficio de la sociedad canaria.

 

     Si nos preguntáramos cuál ha sido el nivel de justificación de los incentivos fiscales del REFC contenidos en la Ley 19/1994, comprobaríamos sin ningún género de dudas que el mismo se reduce, en lo fundamental, a que Canarias, desde la época de la conquista, ha requerido de medidas fiscales especiales. Y san se acabó. Los beneficiarios de los incentivos (empresarios y profesionales) no han precisado de más para alcanzar sus legítimos intereses de pagar menos impuestos, y nuestros representantes políticos (en el Gobierno y la oposición), han sido tan poco rigurosos y exigentes, que se han limitado a apuntarse como éxito propio lo que no es sino una bajada generalizada de impuestos directos para los titulares de actividades económicas que hasta el día de la fecha no se ha traducido en beneficios generales para la sociedad canaria. Es más, ¿qué político va a atreverse a cuestionar que se paguen menos impuestos en Canarias? El resultado es que Canarias (España) is different. Nuestro Ministerio de Hacienda (sea del PP o del PSOE) no ha cumplido hasta el presente con su deber inexcusable de dar a conocer públicamente los estudios económicos que vengan a poner de manifiesto que la política de incentivos fiscales en Canarias está plenamente justificada. Y ante esto, creo que lo menos que se puede ser y hacer desde el punto de vista ciudadano es un “enfant terrible”, aunque también un decidido descreído.

 

 

Guillermo Núñez Pérez

 

 

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