GUILLERMO NUNEZ ABOGADOS ASESORES FISCALES
 

Sede del Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

ESTADO DE DERECHO

Publicado en Diario de Avisos el 09/02/2014.

    Hace ya algunos años tuve el honor de ocupar el cargo de Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Fue un período difícil, toda vez que coincidió con la aprobación por el Parlamento de Canarias de la llamada Ley de Reorganización Universitaria de Canarias, en virtud de la cual se creaba una Universidad “plena” en la isla de Gran Canaria. Se trataba de una Ley conflictiva, en tanto la misma suponía cuestionar el modelo de organización universitaria hasta ese momento existente en Canarias. La reacción del entonces equipo de gobierno de la universidad lagunera (Rectorado) fue de rechazo frontal a la aprobación de la referida Ley por distintas razones, pero también, por alguna que otra sinrazón jaleada por la prensa local, que aducía el “despojo” que para los tinerfeños suponía el desmembramiento de su Universidad. Como medida de protesta por la aprobación de la Ley, se decidió “democráticamente” cerrar las instalaciones universitarias, debiendo ratificarse dicha decisión por cada una de las distintas Juntas de Facultad.

 

      En un ambiente como el descrito, más propio de la algarada callejera que de la racionalidad que inspira a la institución universitaria, defender la Ley en tanto la misma era expresión de la soberanía popular representada por el Parlamento Canario, era tanto como defender al Comendador víctima de la ira popular en la conocida obra de Lope de Vega, “Fuenteovejuna”. El lema “O conmigo, o contra mí”, aderezado con el calificativo de “traidor” si no te manifestabas en contra de la Ley, ejercía, como puede fácilmente comprenderse, una presión muy fuerte sobre el colectivo de profesores que conformaban la Junta de la Facultad de Derecho. La posición del equipo decanal, como no podía ser de otra forma, propuso a la Junta de Facultad adoptar el acuerdo de oponerse al cierre de las instalaciones universitarias, toda vez que como juristas no podíamos manifestar nuestro posible rechazo a la Ley sino a través de los medios legalmente previstos, pero nunca, a través de medidas de hecho e ilegales como resultaba ser el referido cierre de la Universidad. Este argumento, finalmente, fue decisivo y agraciadamente se ganó la votación, lo cual no venía sino a confirmar que el Derecho había triunfado sobre las vías de hecho. Algunos siguen pensando que esto sirvió para bien poco, pues al día siguiente aparecieron las cerraduras de las puertas de acceso a la Facultad con silicona y ello impidió el desarrollo normal de la actividad académica. Pero en realidad, el resultado de la votación sí que sirvió para mucho, pues venía a significar que no se es auténtico jurista (y a formar juristas es a lo que se dedican las Facultades de Derecho) si no se respeta la Ley que ha sido democráticamente aprobada, aunque nos podamos oponer a la misma a través de los mecanismos legalmente previstos para manifestar dicha oposición, incluso ejercitando nuestro derecho a manifestarnos públicamente de manera pacífica.

 

    Viene lo anterior a cuento de la polémica que se ha planteado actualmente en Canarias con relación a la apertura de un expediente sancionador a determinadas emisoras de radio por emitir sin contar con la correspondiente licencia administrativa. En particular, la “víctima” de la actuación administrativa es una emisora llamada “Radio San Borondón”. Resulta cuanto menos asombroso comprobar cómo en este caso hasta el Partido Popular se ha sumado a que cese la actuación de persecución política que contra dicha emisora ejerce, al parecer, el Gobierno de Canarias.

 

      En otras palabras, aquí la cuestión no estriba en si una emisora de radio cumple o no con los requisitos legalmente previstos para poder emitir su programación, sino que la cuestión se presenta interesadamente como un tema de persecución política. En la medida en que la emisora es hipercrítica con el Gobierno de Canarias, se afirma sin el más mínimo recato que éste ha utilizado el ordenamiento jurídico para “castigarla” y eliminarla del espectro radiofónico y acabar así con su labor de oposición política de “izquierdas”. El que esto último sea o no así, nada tiene que ver con el cumplimiento o no de los requisitos legales para contar con una emisora de radio.

 

    Cuando un ciudadano construye una casa, o hace obras de ampliación en un inmueble de su propiedad, sin contar con la correspondiente licencia urbanística, y tiene la “suerte” de que tales obras son objeto de denuncia por parte del SEPRONA ante el respectivo Ayuntamiento, éste no tiene más opción que iniciar un expediente sancionador por la infracción cometida y, sólo en el caso de que la obra realizada no pueda ser susceptible de legalización, tendrá que acordar necesariamente la demolición de la misma por ser claramente ilegal. “Radio San Borondón” tiene mucha experiencia en la denuncia de este tipo de casos y de otros similares, que se traducen luego en la presentación de querellas ante la Fiscalía Anticorrupción contra los políticos o funcionarios que no actúan de acuerdo con lo que dispone la legalidad vigente. Precisamente por ello, si de verdad los propietarios de esta emisora presuntamente ilegal fueran consecuentes con lo que a diario dicen que defienden, lo primero que tendrían que hacer es contar con la preceptiva licencia administrativa que les autorizara sus emisiones radiofónicas. Y es que pretender lo contrario, es decir, emitir sin autorización legal, o pretender que se “archive” un expediente sancionador sobre la base de un supuesto respeto a la “pluralidad informativa”, sería tanto como proclamar que la legalidad está para que la cumplan otros y no los que a diario están dedicados radiofónicamente a denunciar supuestas ilegalidades. Estas son, ni más ni menos, las ventajas y servidumbres de un auténtico Estado de Derecho.

 

 

Guillermo Núñez Pérez

 

 

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