GUILLERMO NUNEZ ABOGADOS ASESORES FISCALES
 

Pablo Gallo, Lectora buscando un pasaje (2010).

LA OPACIDAD DE ALGUNOS ASPECTOS DEL REFC

Miércoles 4 de julio de 2017.

    Uno de los aspectos menos conocidos o menos estudiados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias es el relativo a quiénes son los sujetos (sociedades y particulares) que directamente se benefician de las ayudas públicas que en forma de subvenciones directas o exenciones tributarias dejan de pagar a la Hacienda Pública lo que inicialmente deberían haber pagado si tales ayudas y exenciones no existieran. Como puede fácilmente comprenderse, los beneficiarios son los que menos interés tienen en que se conozcan sus nombres y apellidos así como el montante ahorrado/obtenido. Tampoco los políticos que aprueban esas ayudas muestran el más mínimo interés en que la ciudadanía conozca y maneje esos datos, entre otras razones, porque muchos de ellos ocupan sus puestos gracias al apoyo previo de los distintos grupos de presión que operan en este ámbito en Canarias, y asumen con indignidad que más que a la ciudadanía, su función es la de representar exclusivamente los intereses específicos de tales grupos. No digamos ya de la despreocupación mostrada por los europarlamentarios, que aprueban ayudas y poco les importa luego si las mismas están cumpliendo los objetivos de política económica previamente establecidos, permitiendo que aquéllas se repitan año tras año por pura inercia con ocasión de la aprobación del presupuesto de la Unión Europea.

 

    Conocer al conjunto de beneficiarios nada tiene que ver con una supuesta tendencia morbosa dirigida a relamerse una y otra vez la herida de la envidia, y si tuviera algo que ver, estaría igualmente justificado que en este terreno imperasen mayores grados de transparencia a favor de la ciudadanía. Baste con pensar que sólo los plataneros reciben anualmente de la Unión Europea la friolera de aproximadamente ciento cuarenta y tres millones de euros, a repartirse en función de la extensión cultivada. A mayor extensión, más cantidad de subvención a fondo perdido. A ello se une que aplican beneficios fiscales del REFC (bonificación a la producción de plátanos) y que cuentan con un régimen de fiscalidad muy beneficioso respecto de los recursos hidráulicos. Y esto no es más que un ejemplo. En los últimos días, pretendían además beneficiarse de la subvención al transporte.

 

    Esta exigencia de transparencia sobre el uso de nuestros recursos públicos, poco o nada tiene que ver con lo dispuesto por el artículo 95 bis de la Ley General Tributaria, que obliga a hacer pública periódicamente la lista de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias superiores a un millón de euros y que tales deudas no hubiesen sido ingresadas en el plazo de ingreso en período voluntario.

 

    ¿Qué trascendencia tiene esta publicación para la ciudadanía? Pues sinceramente pienso que ninguna, toda vez que si se acude a la lista, la conclusión a la que se llega es que nos encontramos por lo general con empresas constructoras que han quebrado con ocasión de la crisis y no sólo no han podido hacer frente a sus deberes con el Fisco, sino también, a los contraídos con sus propios trabajadores y clientes. Nadie quiere regodearse sobre el fracaso de otros (aunque también los hay que lo hacen) pero tampoco es cuestión de tener que sufrir el pago de los impuestos que otros no pagan por consideración a que la ley entiende que ello nos beneficia directa o indirectamente a todos.

 

 

Guillermo Núñez Pérez

 

 

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