GUILLERMO NUNEZ ABOGADOS ASESORES FISCALES
 

TODO EMPIEZA CON UN DESBARAJUSTE TOTAL

Lunes, 3 de septiembre de 2018.

        A la pregunta planteada por el presidente del tribunal calificador de la asignatura de Derecho del Trabajo ¿qué es el conflicto colectivo?, el genial y buen amigo Carlos Díaz (q.e.p.d), después de más de un minuto de concentración para no errar en la respuesta, afirmó con parsimonia, convencimiento y contundencia jurídico-dogmática lo siguiente: “Todo empieza con un desbarajuste total”. La anécdota es real y sucedió en la Facultad de Derecho de la universidad lagunera. Idéntica o similar podría ser la respuesta a la cuestión relativa a la situación actual del denominado problema catalán, pues de auténtico desbarajuste es como habría que calificar lo que está provocando en cuanto a consecuencias negativas para todos los españoles, sean o no catalanes, el objetivo de algunas fuerzas políticas de convocar un referéndum de autodeterminación para desgajar a Cataluña de España.

 

      Como jurista me enervan esos argumentos tan propios de los secesionistas y de otros que no creen que el respeto al Derecho es la base fundamental que garantiza la libre convivencia pacífica de la ciudadanía, que tratan de restar relevancia al Derecho para enfocar y restringir sus objetivos a una cuestión meramente política, como si la política fuera un mundo ajeno y extraño a la realidad jurídica. Exigir al Gobierno de la Nación, tal y como así ha hecho el vicepresidente de la Generalidad Pere Aragonès, que dirija y ordene a la Fiscalía la recalificación del delito de rebelión presuntamente cometido por las autoridades políticas catalanas que hoy están en prisión provisional, no sólo supone ignorar las normas por las que se rige el Estado de Derecho, lo que ya de por sí es muy grave, sino que expresa con meridiana nitidez su concepción totalitaria de la política, transformando a esta en un compadreo y chalaneo permanente y chulesco que es manifestación del inicio y consecución del desbarajuste más absoluto. Si los presuntos delincuentes han cometido o no un delito de rebelión, será el Tribunal Supremo quien lo tenga que determinar en su momento; y, si así lo hiciere, los entonces ya declarados delincuentes por sentencia firme, habrán de asumir las consecuencias que ellos libremente eligieron (a pesar de las reiteradas advertencias de ilegalidad puestas de manifiesto por los propios letrados del Parlamento de Cataluña) cuando cometieron el delito. “Dura lex sed lex”. Estos dirigentes independentistas deberían ser además más comedidos en sus ataques al Rey, pues será este el que en su día ratifique o no una posible petición de indulto para los que en su caso fueren condenados por el Tribunal Supremo.

 

       Pero si en otros aspectos ya es un auténtico desbarajuste que los Parlamentos y Gobiernos autonómicos estén de continuo produciendo normas jurídicas (leyes y reglamentos) que muchas veces resultan contradictorias entre sí y que provocan en algunos casos tratamientos discriminatorios de los ciudadanos en función del territorio autonómico en el que tengan su residencia, o que pretenden reformar sus Estatutos en la línea de superar los límites que la autonomía comporta según la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (como decimos en Canarias, “pollaboba el último”), a ello habría que añadir la irrefrenable tendencia del Gobierno de la Nación a hacer un uso indebido e inconstitucional del Decreto-Ley suplantando o neutralizando al Poder Legislativo en tanto que ni de lejos están presentes en la mayoría de los casos los condicionantes que la Constitución y el Tribunal Constitucional exigen para acudir a esta vía singular y excepcional de dictar normas jurídicas con rango y fuerza de ley.

 

        En fin, que como bien decía Carlos Díaz, el conflicto colectivo se inicia siempre con un desbarajuste total. Esperemos que el mismo pueda ser felizmente reconducido a la senda del Derecho por el bien de todos.

 

 

Guillermo Núñez Pérez

 

 

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© 2018 Law Firm in the Canary Islands